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Prevén culminar obras de la Ruta 7 para diciembre

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Representantes del consorcio Tape Porã explicaron al titular del Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) que para el mes de diciembre del presente año está planifi­cado terminar la duplicación de la Ruta 7 “Dr. José Gas­par Rodríguez de Francia”. Fue durante una reunión que mantuvieron en la mañana de ayer en el despacho del titular de la cartera de Obras. Los directivos del consorcio, res­ponsable de las obras viales, comentaron que los trabajos se iniciaron en setiembre del 2016 y de acuerdo a la última evaluación culminarán en 27 meses, siendo el plazo original de 36 meses.

Explicaron que un grupo de ocho bancos paraguayos adquirió bonos de Tape Porã por valor de 70 millones de dólares a un plazo de 15 años y una tasa de entre el 9% al 11%. Este monto cubre el 57% de la inversión que se completa con aportes de los accionistas y el flujo del cobro del peaje.

Arnoldo Wiens. Arnoldo Wiens.
La con­cesionaria de la Ruta 7 firmó un contrato fiduciario por el cual se transfiere la totalidad del derecho al cobro del peaje a un patrimonio autónomo. La inversión total para los traba­jos que contempla el proyecto es de un total de US$ 130 millo­nes. Por su parte el titular de la cartera de obras explicó que esta ruta es de suma importan­cia para la economía del país.

PROYECTO
El proyecto está a cargo del Consorcio Tape Porã y se eje­cuta en varios tramos dife­renciados con empresas sub­contratadas para el efecto. El proyecto consiste en ampliar de dos a cuatro carriles la Ruta 7 desde el km 183, Caa­guazú, hasta el km 296, Minga Guazú, es decir, un total de 113 km de extensión.

Cuenta con un diseño que garantiza una velocidad pro­medio de 90 km/h. El tramo dispondrá de 83 puntos para retorno en dirección con­traria o el paso en el camino y líneas demarcadoras en el pavimento con efecto desper­tador. El trabajo es ejecutado por las empresas viales Tec­noedil SA, Benito Roggio SA, Constructora Acaray SA y la fiscalización de Inconpar SA.
LN

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Alertan sobre plantaciones de soja sin barreras verdes de protección

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Representante del Banco Mundial en área ambiental constató la falta de aplicación de leyes en el país. Dice que es urgente la necesidad de capacitaciones y trabajo coordinado entre entes estatales.

Sin franjas. Niños en un camino vecinal entre sojales
Sin franjas. Niños en un camino vecinal entre sojales, en Minga Porá, Alto Paraná.

“Yo misma visité lugares y observé que no se están cumpliendo leyes ambientales. Hay cultivos hasta la orilla de cauces hídricos. Obviamente, el país tiene un modelo exportador en el que la ganadería y la soja son sus principales rubros y se observa evidentemente un avance importante del cultivo de este grano. Incluso, bordeando las áreas protegidas, como las reservas de Itaipú Binacional”, comentó Ruth Tiffer Sotomayor, especialista ambiental sénior del Banco Mundial, durante su estadía por el país.

Señaló que Paraguay posee una rica legislación, desde leyes, decretos, resoluciones, pero si no se logran aplicar no existe justicia ambiental.

“No se están respetando las franjas de protección y las personas que deben de aplicar la ley encuentran sinnúmeros de impedimentos”, refirió.

La Ley 3742 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola”, cuya autoridad de aplicación es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), expresa que en los cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, donde se realizan fumigaciones, se deberá contar con barreras de protección con ancho mínimo de cinco metros y altura mínima de dos metros.

Describe que de no existir dicha protección, se dejará una franja de cincuenta metros de distancia para la aplicación de plaguicidas.

También exige una franja de cien metros entre el área de tratamiento, con productos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica, y todo curso de agua natural.

Inquietudes. En las zonas del país donde mayor producción de soja se concentra (ver infografía), frecuentemente existen denuncias por parte de los pobladores sobre cultivos que lindan con escuelas, arroyos, hogares o caminos vecinales, sin barrera verde.

Un caso reciente fue el de moradores de Mariscal López 2ª Línea, Capiibary, San Pedro, quienes expresaron su rechazo al cultivo y la fumigación de varias hectáreas de soja a metros de la escuela y el puesto de salud de la comunidad.

Además del éxodo campesino, para dar espacio al cultivo a gran escala, la preocupación de los habitantes de áreas rurales son las fumigaciones con agroquímicos y, en consecuencia, los daños que –según estiman– podrían causar para el ambiente y la salud.

La superficie ocupada por soja en el país es superior a 3,4 millones de hectáreas y posiciona a Paraguay como el cuarto mayor exportador a nivel mundial en dicho rubro.

Legislación. El pasado 6 y 7 de marzo se realizó en Asunción el primer Foro Internacional de Legislación y Justicia Ambiental para un Desarrollo Sostenible, con la presencia de autoridades nacionales y extranjeras. Intercambiaron experiencias aplicadas en otros países, debatieron sobre falencias y los desafíos en Paraguay, como este tema.

En el diagnóstico que hemos hecho se nota el descontento de la ciudadanía por la falta de aplicación de leyes. Ruth Tiffer Sotomayor, Banco Mundial.

Recomendaciones
La representante del Banco Mundial recomendó durante el Foro de Justicia Ambiental el trabajo coordinado entre entes estatales, mejorar el acceso a informaciones ambientales, contar con funcionarios capacitados, jueces y fiscales especializados en el área ambiental; generar más fondos ambientales y efectuar reformas en marcos normativos.

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A la señorita la retuvieron en la aduana de CDE “solo” para inspeccionar su vehículo.

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A la señorita la retuvieron en la aduana de CDE “solo” para inspeccionar su vehículo.

SANTA RITA VISION

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