Notas
Campesinos reclaman presencia de autoridades ante fumigaciones ilegales
Campesinos reclaman presencia de autoridades ante fumigaciones ilegales
Cultivos de soja no cumplen con las medidas de precaución como las barreras vivas de protección.
E’a julio 21, 2014 – 1:35 PM Sin Comentarios Luchas Sociales
Los cultivos de soja se van extendiendo sobre las tierras públicas usurpadas por Gustavo de Gásperi.
La finca 1105 está inscripta a nombre del Indert.
La finca 1105 está inscrita a nombre del Indert.
Campesinos de la comunidad Tapiracuái Loma, distrito de Capiibary (departamento de San Pedro), reclaman la presencia de las autoridades para hacer respetar las leyes ambientales que regulan la utilización de agroquímicos, ya que los empresarios que cultivan soja fumigan sin las barreras vivas de protección. Anunciaron para esta semana acciones como cierres de ruta para hacer escuchar sus reclamos.
Verónica Centurión, pobladora del lugar, señaló que sufren constantemente atropellos a sus derechos, ya que un brasileño que arrienda tierras en el lugar deforesta las tierras y aplica fumigaciones sin ninguna franja de protección. Esto causa a los vecinos distintos problemas de salud como mareos, vómitos y dolores de cabeza, dijo.
Los campesinos que denuncian la violación de las leyes ambientales fueron desalojados en varias ocasiones de unas tierras públicas que están usurpadas por el abogado Gustavo de Gásperi. Se trata de la finca 1105 que está inscripta a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), pero de las que De Gásperi se apropió adulterando los documentos.
Los labriegos reingresan a las tierras ocasionalmente para tratar de salvar parte de sus cultivos. Así lo volvieron a hacer la semana pasada, cuando fueron reprimidos por la policía con gases y balines de goma. De Gásperi ha frenado con sucesivos incidentes la mensura y estudio de título, que son promovidos por los labriegos con el fin de esclarecer la situación de las tierras.
A pesar de que los documentos señalan que se trata de tierras públicas, el empresario cuenta con protección fiscal y policial para mantener la posesión del inmueble.
