Colonos asfixiados por Grupo Favero claman por justicia

Colonos asfixiados por Grupo Favero claman por justicia
Les reclaman millonarias deudas que ellos desconocen. Se arriesgan a perder sus tierras. La Fiscalía ya detectó firmas apócrifas. ¿Pueden cuatro colonos enfrentar a uno de los grupos económicos más poderosos del país?
«Vamos a tener que pasar hambre», avizora Afonso Jaco Heineck, quien tres décadas atrás llegó a Paraguay para trabajar la tierra. Ahora cuenta con una propiedad de más de 200 hectáreas en donde acostumbra plantar soja, maíz y trigo. Su producción hoy está parada por las acciones judiciales encaradas por el Agrosilo Santa Catalina –una firma perteneciente al Grupo Favero, de Tranquilo Favero– para cobrar a Afonso una deuda de más de 1 millón de dólares que él sostiene que ya pagó. No solo no puede producir, tampoco consigue ningún tipo de financiación por las demandas en su contra y ahora se arriesga a perder su propiedad por el litigio judicial.
Afonso Jaco es uno de los cuatro pobladores brasileños de la colonia Tirol, en el distrito de Carlos Antonio López de Itapúa, que denunciaron ante el Ministerio Público que el Agrosilo Santa Catalina intenta cobrarles deudas que nunca existieron o ya fueron canceladas.
Los colonos sostienen que sus firmas fueron falsificadas en cheques y reconocimientos de deudas. En varios de estos casos, pericias caligráficas de la Fiscalía ratificaron que hay firmas apócrifas. De hecho, dos ex gerentes del silo ya fueron imputados por las denuncias.
Paralelamente, el agrosilo los demandó. Afonso Jaco, Marino Raiter, Antonio Marques Mombach y Fernando Weyh se enfrentan a una delicada situación: tienen embargadas sus tierras, sus cosechas secuestradas y no pueden acceder a créditos por las demandas civiles. Si bien solo son cuatro, ellos y el fiscal que lleva la causa advierten que en la Colonia Tirol hay decenas más de colonos estafados por Santa Catalina.

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NEGOCIOS. Entre el 2012 y el 2015 los negocios se hicieron con aparente normalidad: el agrosilo financiaba la producción de los colonos y en contrapartida recibía la totalidad de sus cosechas.
De esta forma, con la venta de los granos producidos, los colonos ajustaban las cuentas, ganaban dinero de la venta y seguían los tratos para la siguiente zafra. Estas operaciones se hicieron mediante garantías sobre los inmuebles de los colonos y con las firmas de pagarés, en garantía de insumos, semillas y adelantos que recibían del silo. Los pagarés no eran devueltos tras los pagos, relataron los productores.
A partir de mediados del 2015 y tras los despidos de varios gerentes de Santa Catalina, según cuentan los colonos, empezaron a recibir reclamos del agrosilo por deudas que ellos no conocían. A partir de esto, exigieron revisar los saldos de las operaciones comerciales que hicieron con el silo, pero no recibieron respuesta de la empresa.
Finalmente, mediante una acción judicial lograron que el silo presente en el juzgado civil de Presidente Franco algunos de los documentos que respaldan las supuestas deudas, como pagarés, contratos de compraventa de granos y escrituras públicas.
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FALSOS. Los colonos descubrieron papeles que llevaban sus firmas falsificadas. Este es el caso de Marino Raiter. Una escritura pública de la escribana María Teresa Rodríguez señala que él reconoció una deuda de USD 12.365.811. Una pericia caligráfica de la Fiscalía concluyó que la firma de Raiter en este documento fue falsificada y Rodríguez fue imputada, aunque posteriormente el fiscal Erico Ávalos, de la ciudad de Santa Rita, pidió su sobreseimiento provisional.
Asimismo, el peritaje de la Fiscalía constató que las firmas de Marino Raiter también fueron falsificadas en nueve pagarés por USD 23.500.000, de los cuales cinco están mencionados en la escritura de reconocimiento de deuda calificada como falsa.
Los peritos del Ministerio Público también detectaron que la firma de Antonio Marques Mombach fue falsificada para endosar un cheque de Santa Catalina por USD 500.000. En este caso fueron imputados el gerente del silo de la colonia Tirol, Vanilson Griebler, y Marcelo Webler, ex gerente financiero de la firma. La presunción de la Fiscalía es que los gerentes emitieron cheques de la empresa a la orden de colonos como supuestos créditos, pero finalmente desviaron el dinero.

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Desde que iniciaron las demandas, los colonos se vieron obligados a cambiar de sustento: al no poder más cosechar por los embargos, pasaron a vivir de sus vacas lecheras. «No podemos aguantar más, estamos en lo último», asegura Afonso Jaco frente a sus maquinarias en desuso.UH

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