Notas
“Inseguridad en el campo desalienta la inversión y retrasa el desarrollo”
El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y titular interino de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), Luis Villasanti, habló acerca de la situación de invasiones de tierras que se están dando en el interior del país. En este sentido, el empresario sostuvo que solo es para poner a prueba al Gobierno y este a su vez debe dar las garantías para aquel que realmente quiera trabajar y cambiar su visión con respecto a la política de Estado para el sector rural. Asimismo, señaló que por detrás de estas invasiones existen sectores políticos con sed de poder.
Por otra parte, se refirió al aumento de impuestos para la soja, alcohol y el tabaco e indicó que antes que este planteamiento para que paguen siempre los mismos aportantes, se debe realizar una revisión de la calidad del gasto público y ampliar la base tributaria. Agregó que como gremio están dispuestos a conversar con todos los sectores políticos para analizar esta iniciativa legislativa.
–¿Cuál es el análisis que hace con respecto a las invasiones de tierra que se están dando?
–Con cada cambio de gobierno ocurre lo mismo, los sectores radicalizados ponen a prueba al nuevo gobierno, desafiando las instituciones. Esta no es la excepción. Por ello, los gremios reclamamos la actuación de las instituciones encargadas de mantener el orden, devolviendo la paz al campo y a las familias campesinas, que son las que, definitivamente, más sufren esta situación de inseguridad.
–¿Cómo está afectando toda esta situación al sector productivo?
–La inseguridad en el campo desalienta la inversión y retrasa el desarrollo, impidiendo que la gente que más necesita trabajo lo consiga, profundizando la pobreza, que es lo que, en definitiva, buscan los sectores que alientan la violencia rural, porque construyen sus proyectos políticos sobre la lógica de la confrontación para demostrar que el sistema no resuelve los problemas de la gente.
–¿Cuáles serían las opciones que plantean desde el sector de la producción y la industria para zanjar esta situación?
–El Gobierno debe actuar en su doble función de garante de la libertad de las personas y de proveedor de oportunidades, debe aplicar la ley, restableciendo el orden y garantizando los derechos de las personas, y, a la vez, debe cambiar su visión respecto de las políticas de Estado para el desarrollo rural, otorgando a los campesinos la oportunidad de incorporarse a la economía formal, proveyéndoles las herramientas necesarias para progresar. No es ignorando la violación de la ley o aumentando las transferencias condicionadas que resolverá el problema, sino todo lo contrario. Y el sector privado está dispuesto a colaborar en una visión amplia de ambas funciones, siempre que el ejemplo venga desde el sector público.
–¿Cree que políticos están involucrados en las invasiones?, ¿de qué sectores?
–Sin ninguna duda, basta revisar las redes sociales, ver las noticias y oír los discursos para saber que los llamados sectores “progresistas” están detrás de la lógica del conflicto, a los que se suman algunos actores nuevos que buscan protagonismo y oportunidades políticas a través de este tipo de atajos.
–¿Cuáles serían los intereses de estos sectores políticos?
–En todos los sectores políticos el interés es la conquista del poder y todas las ventajas que derivan del poder. Los políticos honestos quieren el poder para buscar el bienestar general, los deshonestos lo quieren para enriquecerse, como –en ambos casos– lo prueba la historia y, sobre todo, la más reciente (Argentina, Brasil, Venezuela, sin ir más lejos).
–¿Cuál es su postura con relación al planteamiento desde el Legislativo para el aumento de los impuestos a la soja, alcohol y tabaco?
–El Estado siempre quiere más, los recursos siempre son limitados y las necesidades ilimitadas. El compromiso de los sectores públicos y privados celebrado en el 2004 que produjo la revisión de la reforma tributaria de 1991 quedó incompleto. En la oportunidad las partes acordaron revisar la “calidad” del gasto público, y el tiempo demostró que fue de mal en peor. Antes de aumentar impuestos, para que paguen siempre los mismos, debemos revisar la calidad del gasto público y ampliar la base tributaria, terminar el contrabando, etc., sin perjuicio de que, revisados, el Gobierno y los gremios convengamos ajustes necesarios, pero, mirando las dos caras de la misma moneda; es decir, si pagaremos más, queremos saber a qué se destinarán los impuestos y quiénes pagaremos.
–El diputado Édgar Ortiz planteó que los impuestos se establezcan con el que más gana, y no incrementar los impuestos por producto, ¿qué opina al respecto?
–El impuesto más justo, sin lugar a dudas, es el impuesto a las ganancias y muchos países tienen un sistema de tasas progresivas. Solo que, en Paraguay, debemos analizar primero cuál es la “presión fiscal” (no solo la tributaria) y el costo de producir en un país mediterráneo, de infraestructura y servicios insuficientes, para no condenar la competitividad de nuestros productos por el mero afán de aumentar impuestos, cuando es más importante generar empleo a través de la inversión generada por la capacidad de producir competitivamente.
–Ante este escenario de propuestas de aumentar los impuestos, ¿desde su sector estaría plateando otras opciones, y si conversarán en este sentido con los parlamentarios?
–En la Feprinco pensamos que el diálogo es la vía para buscar soluciones, como dije, a las necesidades inalcanzables del Estado, y, en tal sentido, estamos dispuestos a conversar con todos los actores políticos del país, representados en el Congreso, siempre que los planteamientos sean honestos, no estén teñidos de criterios ideológicos o dogmáticos, donde el Estado demuestre primeramente que está dispuesto a reducir los gastos rígidos, innecesarios o puramente superfluos antes de reclamar mayores aportes del sector privado.
El dinero que administra el Estado no es público, es nuestro, y tiene un destino específico. No puede ser gastado de la manera que el Estado lo vino haciendo en los últimos años. Si se analiza todo el dinero gastado en programas u obras mal diseñados, derrochado sin reportar beneficio alguno al país (salvo, probablemente, a algunos pocos) se comprobará que no hace falta recaudar más, sino gastar mejor.
LA NACION
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