Sojeros deben aportar para lograr la equidad

Dionisio Borda y Manuel Caballero fueron los encargados de llevar a cabo un trabajo exhaustivo y detallado sobre el desempeño tributario de la República del Paraguay en el periodo 2006-2015.
En el mismo mencionan que la participación del IRP en la estructura del impuesto a la renta fue de sólo 3,2% en 2015. Para mejorar su rendimiento es necesario introducir algunas modificaciones que podrían consistir en: poner límites a la dedu­cibilidad de los gastos, incluir la renta global y rebalancear la progresi­vidad del impuesto.
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El Iragro aporta mayores ingresos que el Imagro, pero la contribución de la renta agropecuaria, de sólo 0,2% del PIB, sigue siendo muy baja. Esto debido al bajo aporte que realizan los sojeros según expresan varios tributa­ritas.
El impuesto inmobilia­rio aplicado a los predios rurales es exiguo y re­caudó sólo US$ 10 millo­nes en 2015. Una mayor presión tributaria de este impuesto obligará a re­plantear el esquema de tenencia y producción de la tierra, mejorando su distribución.
NIVEL DE FISCALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA
Borda y Caballero expre­san en el material desa­rrollado que los que más ingresos tienen, deben pagar más, sin reclamar privilegios por este he­cho. Erradicar o reducir la evasión tributaria no es solo responsabilidad de las instituciones en­cargadas. Es también responsabilidad de las personas físicas y de las empresas, habida cuenta de que hay sectores iden­tificados donde la evasión tiene mayor incidencia.
La construcción del bienestar basado en la equidad exige que la re­colección de tributos se realice en función de la capacidad de pago de los contribuyentes y que los recursos sean asignados para disminuir la des­igualdad.
Destacan que existen dos dimensiones: la equi­dad horizontal y la equi­dad vertical. La primera supone un tratamiento impositivo igualitario entre individuos iguales, mientras que la segunda implica que algunos in­dividuos están en mejo­res condiciones que otros para pagar impuestos y deben hacerlo.
Las personas que tienen mayor nivel de renta y que reciben más prestaciones de servicios públicos de­berían contribuir más.
El principio de la equidad vertical es esencial y más aún, cuando la población con ingresos superiores es la que recibe en mayor proporción los beneficios de los bienes y servicios públicos.
El mayor desarrollo re­quiere de mejores institu­ciones y de mayor equidad impositiva.
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