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URGENTE SAN ALBERTO Alegan que exintendente utilizaba a comuna como feudo particular

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Alegan que exintendente utilizaba a comuna como feudo particular
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El exintendente de San Alberto, Romildo de Souza Maia, fue tildado de “dictadorcillo” en la audiencia pública de ayer, en el que es juzgado por lesión de confianza. Se le atribuye daños patrimoniales por más de G. 5.000 millones en perjuicio de la institución municipal que administraba. El abogado querellante dijo que el encausado utilizaba la comuna como feudo particular.

Ayer se desarrolló la segunda audiencia en la que se juzga al exjefe comunal de San Alberto, Romildo de Souza Maia. El contradictorio quedó nuevamente en cuarto intermedio y proseguirá el viernes próximo.

El tribunal que lo juzga está conformado por los jueces Carmen Barrios (presidente), Blas Cabriza y Ana María Arréllaga (miembros). El Ministerio Público está representado por la fiscal Carolina Rosa Gadea. En tanto, la querella adhesiva, en representación de la Municipalidad de San Alberto, es ejercida por el abogado Mario Elizeche Baudo

Durante los alegatos iniciales de la víspera, el abogado Elizeche Baudo dijo que de Souza Maia se había convertido en un “dictadorcillo” como jefe comunal, al explicar que cuenta con elementos suficientes de los daños patrimoniales causados por el acusado durante su gestión.

En tanto, la defensa del indiciado, abogado Luciano Sandoval, sostuvo que cuentan con los documentos respaldatorios de las buenas actuaciones del encausado.

La única prueba que se desarrolló ayer fue la declaración testifical del contador Walter Daniel Fernández, quien había efectuado una auditoría externa correspondiente a las gestiones 2009 y 2010. El mismo ratificó las conclusiones de su informe que señala que en las gestiones de Maia hubo varias irregularidades, como falta de trasferencia de fondos a las municipalidades de menores recursos y la Gobernación, además del pago con facturas vencidas.

El abogado de la querella, Elizeche Baudo, dijo al término de la audiencia de ayer que cuentan con todos los documentos para sostener la acusación. Explicó que, además de la auditoría externa, se realizaron dos pericias que son determinantes. Una es la pericia contable en la que se valoraron las documentaciones administrativas y se efectuó en el marco del proceso penal. “En esta pericia se ha detectado el daño patrimonial de G. 5.290 millones que sufrió el municipio de San Alberto”.

Además se había efectuado una pericia de las obras en la que se detectó el pago por trabajos inexistentes, por un monto que orilla los G. 2.000 millones. Para el abogado Elizeche, las actuaciones del exintendente configuran el ilícito de lesión de confianza. El mismo reiteró que Romildo actuaba con mucha prepotencia y que utilizó el municipio “como si fuera su feudo particular”.
-Fuente Diario Vanguardia

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